ALVARADO: "GARCÍA SE OFRECE COMO MERCADERÍA EN PLAZA"
El 3 de diciembre, el ministro de Justicia, Fausto Alvarado, señaló que el
gobierno no necesita del apoyo y la colaboración del Partido Aprista ni de
su líder, Alan García Pérez, dentro del gabinete ministerial ni en cualquier
otro estamento del Estado. "Por el momento, el gobierno de Alejandro Toledo
no necesita de la colaboración de Alan García, quien se ofrece como
`mercadería' al afirmar que si el presidente Toledo se lo propone, aceptaría
formar parte del gabinete ministerial", afirmó. Al comentar la
predisposición del ex presidente de formar parte del gobierno toledista, aun
cuando hace sólo dos días negó esa posibilidad, Alvarado Dodero señaló que
el líder aprista "debe tener conflictos que le generan algunos problemas
mentales". El titular de Justicia, asimismo, se mostró sorprendido por esta
situación, indicando que García Pérez ya no sabe cómo hacer para, de un
lado, ser del oficialismo, "como en el tema de las regiones", y del otro,
ser oposición, en su relación con el gobierno central.
García había asegurado en una entrevista con el periodista César Hildebrandt
que de recibir una invitación por parte del presidente Toledo para formar
parte del gabinete ministerial posiblemente la aceptaría. Mostrando un tono
sarcástico, Fausto Alvarado señaló que García padece de un grave conflicto
pues no se puede ser del oficialismo en las regiones y de oposición con el
gobierno central. "Ahora quiere ser a la inversa", añadió. El dirigente
aprista, comentó, debe tener algunos conflictos que le hacen una "jugada
mental" pues se está "ofreciendo como mercadería en plaza" (La República,
4.12.2002).
TOLEDO ABRE PUERTAS DE GOBIERNO AL APRA
Quizás la bendición papal que recibió horas antes lo volvió más benevolente,
pues en vez de responder con una crítica, como suele hacer contra el líder
aprista Alan García Pérez, el presidente Alejandro Toledo dejó entreabierta
la puerta en la ciudad del Vaticano para un colaboracionismo aprista.
"Quiero expresar públicamente mi agradecimiento y mi felicitación por el ex
presidente Alan García de tratar de fortalecer el espacio de diálogo y
ofrecer su colaboración", sostuvo el mandatario, sorprendiendo a propios y
extraños. En una conferencia de prensa prevista para evaluar su visita
oficial al Vaticano, el jefe del Estado dijo que su gabinete ministerial es
"de todas las sangres" y plural. Con esta salida concertadora, Toledo dejó
tácitamente sin piso a su ministro de Justicia, Fausto Alvarado Dodero,
quien días previos fustigó duramente a García Pérez por su predisposición a
colaborar con el gobierno, criticándolo de "ofrecerse como mercadería". "El
ochenticinco por ciento de los ministros no pertenecen a mi partido
político. No he sido elegido para gobernar con Perú Posible sino con todos
los peruanos", agregó. No obstante su apertura hacia los ofrecimientos
apristas, Toledo precisó que la oferta será evaluada y discutida a nivel del
Acuerdo Nacional (La República, Correo, 8.12.2002).
EXIGEN AL APRA QUE NO TRABE INVESTIGACIÓN AL FUJIMORATO
Los cuatro ex presidentes de comisiones del Congreso que investigaron la
corrupción fujimontesinista y que coincidentemente pertenecen a cuatro de
las cinco bancadas parlamentarias exigieron que las pesquisas se inicien
cuanto antes, aunque no se cuente para ello con la participación del partido
aprista. Asimismo, plantearon que se ponga en discusión los puntos en
controversia con el Apra -como el número de los miembros del nuevo grupo
investigador- para recuperar la concordia que había hasta antes de la sesión
del 4 de diciembre. En dicho pleno se acordó dar facultades investigadoras a
la supercomisión que reanudará la investigación de la corrupción que hubo en
el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
En la conferencia de prensa que ofrecieron Anel Townsend (Perú Posible),
Rafael Valencia Dongo (Unidad Nacional), Javier Diez Canseco (UPD) y Luis
Iberico (FIM), también se resaltó la necesidad de lograr el consenso con el
Apra, sin que ello signifique aceptar chantajes o presiones de no participar
en el debate de la nueva Constitución. Iberico acudió en representación de
Fausto Alvarado, de su propia bancada. El único ex presidente de comisión
investigadora que no asistió fue Mauricio Mulder, quien pertenece a las
filas del Apra. El congresista Diez Canseco expresó su esperanza en que en
la reunión del Consejo Directivo del Congreso previsto para el 9 de
diciembre puedan encontrarse las soluciones a esta controversia.
De otro lado, los ex presidentes de comisión también señalaron que la
investigación al ex ministro aprista Agustín Mantilla Campos no era una
obsesión de la supercomisión. Al respecto, Anel Townsend consideró que el
nuevo grupo investigador debía ahondar en las relaciones que sostuvo
Mantilla con Montesinos y si se encontraba algún indicio de delito ocurrido
en su gestión como viceministro o ministro del Interior, ello correspondería
a otra comisión. Los casos por los que sería investigado Mantilla son
diferentes al proceso que le sigue el Poder Judicial por haber recibido 30
mil dólares del ex asesor. (El Comercio, 6.12.2002)
CASO MANTILLA DIVIDE AL CONGRESO
Hasta julio último, la bancada aprista, así como las demás fuerzas políticas
del Parlamento, estaban de acuerdo en que en agosto se conforme una
megacomisión investigadora de los actos de corrupción perpetrados durante el
gobierno de Alberto Fujimori. Mauricio Mulder Bedoya (APRA) incluso fue uno
de los que más insistió en la creación del grupo de trabajo. Pero el APRA
cambió de opinión cuando desde las canteras del Frente Independiente
Moralizador (FIM), Gustavo Pacheco Villar anunció que uno de los casos en
los que profundizaría la megacomisión sería las cuentas en el exterior del
ex parlamentario aprista Agustín Mantilla Campos y sus presuntos vínculos
con el narcotráfico y la mafia de Montesinos y Fujimori. A partir de ese
momento, todo lo relacionado con la megacomisión se detuvo en el Congreso y
surgieron las discrepancias. El FIM acusó al presidente de la Mesa
Directiva, Carlos Ferrero Costa, de encubrir al APRA y de no poner a debate
la conformación del grupo de trabajo para evitar que Mantilla se pusiera en
el ojo de la tormenta, justo cuando el Partido del Pueblo se perfilaba como
el favorito en las elecciones regionales. Desde ese momento, el FIM
cuestionó la gestión de Ferrero, crítica a la que después se sumaría un
sector de Perú Posible liderado por Anel Townsend Diez Canseco.
En setiembre, las disputas continuaban y de la megacomisión sólo se tenía el
nombre. Fue entonces cuando Gustavo Pacheco volvió a arremeter contra el
presidente del Congreso para que la comisión investigadora se conforme de
una vez, y así fue. Pero el problema no terminó. El APRA, que incluso había
nombrado a dos representantes en la megacomisión (Javier Velásquez Quesquén
y José Luis Delgado Núñez del Arco), de pronto dio un paso atrás. Los
apristas se valieron de varios argumentos para que el grupo de trabajo no
entre en funciones. En principio, alegaban que no era regular que una
comisión investigadora la conformen 11 miembros, porque el reglamento
establece que no deben ser más de cinco. Estaban en lo cierto. De allí que
el Pleno del Congreso determinó que la megacomisión no sería una comisión
investigadora sino una simple "comisión de estudio". En tales condiciones,
el grupo de trabajo perdía todo tipo de facultades. Pero había una salida:
modificar el artículo 88º del Reglamento del Congreso, que por excepción
permitiría la conformación de una comisión con más de cinco miembros. La
tarea no fue fácil, pero se logró. El 4 de diciembre, en medio de una
discusión nocturna, en la que los gritos de Heriberto Benítez Rivas (FIM) y
Mauricio Mulder Bedoya (PAP) se dejaron escuchar, se aprobó la modificación
del artículo 88º. En el debate, la peor parte se la llevó Carlos Ferrero.
Cuando Mulder se sintió afectado por unas palabras de Heriberto Benítez, el
presidente del Congreso le pidió a éste que retirara las expresiones
ofensivas, pero el congresista del FIM se negó a hacerlo. Ferrero, entonces,
le pidió que abandonara el hemiciclo en medio de la protesta de la mayoría
oficialista. Al final, desbordado, el titular del Legislativo tuvo que
admitir que se excedió, lo que no lo salvó de una moción de Perú Posible y
el FIM en su contra por su actitud "abusiva" respecto a Benítez. El APRA,
por su parte, no encontró mejor salida que retirarse del debate de la
reforma constitucional, como una forma de rechazo por el cambio del
reglamento. Plantearon una reconsideración, en un intento por recuperar
terreno. Pero el resto de bancadas rechazó la maniobra y los acusaron de
"chantajistas". El debate, entonces, ingresó a un punto muerto (La
República, 7.12.2002)
UNA RAMA DE OLIVO: FERRERO Y EL FIM SE RECONCILIAN
Cinco días después del incidente y a fin de evitar que las fisuras en el
Parlamento perjudiquen el debate legislativo, el presidente del Congreso
Carlos Ferrero Costa (PP) decidió tender puentes y reconciliarse con el
Frente Independiente Moralizador, particularmente con Heriberto Benítez
Rivas. Fue en una reunión secreta impulsada por el congresista Gustavo
Pacheco del Villar. No se supo si Ferrero se disculpó como lo había pedido
Benítez, su bancada y su colega de Perú Posible Anel Townsend Diez Canseco.
Lo cierto es que quedó superado el impase generado durante la sesión del
Pleno del pasado miércoles, al menos así lo aseguraron los fimistas.
"Hemos tenido una reunión con el presidente del Congreso, Carlos Ferrero, y
ambas partes, con un espíritu fraterno, buscamos solucionar el incidente. Se
logró de manera bastante rápida. Heriberto Benítez y la bancada pedíamos
alguna satisfacción por parte de Carlos Ferrero y eso se ha producido",
comentaron. "Podemos considerarnos satisfechos con la reunión, y podemos
señalar que el incidente fue absolutamente superado. Estamos dando vuelta a
la página y ahora tenemos que abocarnos al ciento por ciento en el
Parlamento para que se reinicien las actividades y se retomen temas que son
de gran interés nacional", agregó el vocero del FIM Luis Iberico Núñez.
Heriberto Benítez, por su parte, rescató que el encuentro con Carlos Ferrero
les sirvió para que en el futuro tengan en cuenta que tanto respeto merece
un legislador como el presidente del Congreso. De allí que recordó que el
titular de la Mesa Directiva se equivocó cuando le pidió que abandone el
hemiciclo, responsabilizándolo de haber cometido una falta contra el
congresista Mauricio Mulder Bedoya (PAP), hecho que no sucedió. "Como Frente
Independiente Moralizador mantenemos la invocación para que en adelante los
debates sean alturados, se mantenga el respeto a los congresistas, y que no
ocurran bajezas ni golpes que no son propios de colegas parlamentarios",
agregó Benítez (La mayoría de los diarios, 10.12.2002).
JOSÉ UGAZ: "URGE PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN"
La elaboración de un Plan Nacional Anticorrupción, la necesidad de
reformular el proceso de ratificación de magistrados y la urgencia de
reforzar las instituciones que combaten la corrupción son propuestas que
surgieron en la II Conferencia Nacional Anticorrupción organizada por la
asociación Proética que se desarrolló en Lima en los últimos días. El
presidente de la asociación Proética, José Ugaz Sánchez Moreno, dijo que
otra de las conclusiones indica que no obstante que la corrupción en el país
es cultural, crece un sistema de jueces anticorrupción, como son los jueces,
fiscales, procuradores y policías. Sin embargo, dijo, es tarea de todos
combatir la corrupción. Destacó la propuesta del periodista argentino Andrés
Openheimer para que los países revisen la legislación sobre el asilo
político a fin de que no se utilice este beneficio para proteger a personas
corruptas ni se convierta esta figura en un acto de impunidad.
Ugaz también hizo notar la contrariedad entre la intención del presidente
Alejandro Toledo de desaparecer al Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), según lo expresado a la prensa, con el
criterio de los empresarios a favor de que se refuercen los sistemas de
control. Reiteró su cuestionamiento a la falta de transparencia en el manejo
de los recursos del FEDADOI (fondo obtenido del dinero sustraído por la
mafia) y de las trabas que viene poniendo el ministro de Justicia, Fausto
Alvarado Dodero, al trabajo de los procuradores anticorrupción. Dijo que
Alvarado no tiene planes ni ideas para regular el plano normativo de la
lucha anticorrupción. "No actúa activamente y en algunos casos interfiere en
ese trabajo", agregó (La República, 5.12.2002).
CHILENOS INCÓMODOS CON TOLEDO POR CASO LUCCHETTI
Las críticas del presidente del Perú, Alejandro Toledo, a la permanencia de
la fábrica de pastas Lucchetti en los Pantanos de Villa en Lima provocó que
el gobierno chileno llamara en consulta al embajador en ese país, Juan Pablo
Lira, con el propósito de que informe respecto de la situación por la que
atraviesan las relaciones bilaterales. Así lo informó el 4 de diciembre el
diario La Tercera de Chile, que refiere además que, consultado sobre
la materia, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristian Barros,
afirmó que si bien "éste es un tema privado, el gobierno chileno,
efectivamente, ha solicitado al peruano la aplicación del Acuerdo de
Protección de Inversiones Bilaterales. Esto significa la solución de esta
controversia, generada entre una empresa privada y el Estado peruano".
Agregó que "hemos estado en conversaciones entre ambas cancillerías y, por
supuesto, se han presentado notas, tanto allá como acá, de información y de
solicitud de algunas gestiones", refirió el vicecanciller mapocho. El
funcionario chileno comentó que, más que buscar trasladar las instalaciones,
"los dueños de Lucchetti nos han hecho saber que están por la vía de
solucionar el problema con la municipalidad de Lima".
Cabe recordar que los comentarios del presidente Toledo se suman a la
ofensiva desplegada por el alcalde de Lima, Alberto Andrade, que lleva casi
cinco años desarrollando gestiones para cerrar la planta de Lucchetti en los
alrededores de los Pantanos de Villa, por considerar que contamina el
medioambiente, refiere el matutino. De hecho, en el municipio de Lima se han
puesto como plazo a fines de este año para definir el futuro de la planta de
Lucchetti en la capital peruana, ya que en los primeros días de enero asume
un nuevo alcalde que no quiere heredar el conflicto (La mayoría de los
diarios, 5.12.2002).
ANDRADE ENMIENDA LA PLANA AL CANCILLER
El alcalde Alberto Andrade Carmona atribuyó a una supuesta desinformación
las declaraciones del canciller Allan Wagner Tizón, quien sostuvo que
asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores estudian la
posibilidad de aplicar el Convenio de Protección de Inversiones que
suscribieron Perú y Chile, para evitar que la fábrica de la empresa
Lucchetti se retire de los Pantanos de Villa. "(Parece) que el canciller no
ha profundizado en el problema municipal, porque la permanencia o salida de
Lucchetti de la zona de reserva ecológica se decidirá en la jurisdicción
municipal, como corresponde", apuntó Andrade. "Es una cuestión municipal, no
puede haber ningún convenio, Lucchetti no ha cumplido con las normas
municipales y en eso cualquier tribunal del mundo nos daría la razón", dijo.
Andrade afirmó que una empresa no puede construir en cualquier lugar, y que
sólo la municipalidad limeña está autorizada a otorgar los permisos
respectivos. "Ellos ya deben salir de los pantanos, pero como presentaron
una solicitud de ampliación hasta marzo del 2003, en la última sesión del
concejo veremos el pedido. Pero la decisión de que deben trasladarse a otro
lugar ya está tomada", insistió.
Alberto Andrade Carmona usó duras expresiones para referirse a Lucchetti,
cuyos propietarios y principales funcionarios negociaron con Vladimiro
Montesinos Torres para ganar el juicio que les entabló la Municipalidad de
Lima para que abandonaran los Pantanos de Villa. "Esta empresa (Lucchetti)
siempre quiso hacer lo que le da la gana, pero en este caso no va a ser
así", manifestó Andrade. Sobre la intención de la empresa Lucchetti de
quedarse en la zona ecológica, el alcalde señaló que "no le extrañaba esa
prepotencia de la empresa extranjera", la cual se ha manifestado desde el
inicio. "Son bienvenidas todas las inversiones pero respetando nuestras
normas y nuestras autoridades, elegidas para que tomen decisiones y pongan
orden", indicó. El burgomaestre capitalino recordó que la empresa chilena de
pastas construyó sus instalaciones en una zona que estaba prohibida, por lo
que mereció una infracción. El alcalde aclaró que eventualmente Lucchetti
reciba una prórroga de tres meses para retirarse, "pero al final de la misma
de todas maneras tendrá que retirarse de los Pantanos de Villa" (El
Comercio, 9.12.2002).
ABOGADA DE ALAN GARCÍA CULPA A AGENTE DEL ESTADO
La parlamentaria y abogada del líder aprista Alan García, Judith de la Mata,
consideró excesiva la resolución de la CIDH que exige al Estado peruano una
investigación del Caso Durand y Ugarte (dos de los fallecidos en la matanza
de El Frontón), en la que tendría que ser comprendido su patrocinado. Agregó
que la CIDH había sido mal informado por el agente peruano ante dicha
entidad, Julio Quintanilla, pues en vez de defender al Estado, estaba
generando serios perjuicios, lo que -según su criterio- podría significar
una persecución contra el líder aprista. Explicó que Quintanilla no había
cumplido con informar que el ex presidente García y el Gabinete Ministerial
que lo acompañaba cuando se debeló los motines de los penales (junio de
1986) habían sido investigados en reiteradas oportunidades por las fiscalías
penales, las que habían concluido que eran inocentes. Aun así, manifestó que
García no tenía ningún temor a someterse a una nueva investigación por la
matanza de los penales y anunció que la célula parlamentaria aprista se
reunirá el 8 de diciembre para determinar la estrategia que les permita
proteger a su líder de cualquier acción judicial (El Comercio,
8.12.2002).
HALLAN RESTOS DE VÍCTIMAS DE EL FRONTÓN
Los restos de los presos asesinados durante el debelamiento del motín de El
Frontón ocurrido en 1986 fueron ubicados por la Fiscalía Especial de
Derechos Humanos que recién inicia el proceso de exhumación escuchando el
testimonio de los familiares de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte
Rivera, dos de las víctimas que se encuentran desde entonces en calidad de
desaparecidos. Carlos Rivera, abogado de Instituto Defensa Legal (IDL) que
lleva el caso, señaló que tras estas diligencias es probable que los
familiares de los desaparecidos a raíz de este suceso puedan por fin tener
los restos de sus seres queridos, después de 16 años. A pesar de la reserva
con que el fiscal Mario Gonzales lleva el caso, trascendió que los restos de
los presos abatidos durante el motín de El Frontón se encontrarían en dos
lugares, uno de ellos en el distrito de Chorrillos. Los familiares de los
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera serán entrevistados por
peritos del Instituto de Medicina Legal como paso previo para proceder a las
exhumaciones. La información que proporcionen será comparada con los
posibles restos que se encuentren.
Ante el despacho del fiscal Mario Gonzales rindieron su testimonio por este
caso el ex presidente Alan García Pérez, ex ministros de su gobierno y
oficiales de la Marina de Guerra del Perú que tuvieron a su cargo la
operación para controlar el motín del referido penal. García Pérez habría
insistido en negar su responsabilidad en este crimen, afirmando que su
gobierno tomó la decisión de controlar el motín pero respetando las normas
vigentes. Rivera, sin embargo, considera que el ex presidente García sí debe
ser procesado pues existen múltiples testimonios de su presunta
responsabilidad junto a ex ministros y efectivos de la Marina.
"Los oficiales que debelaron el motín de El Frontón tienen audios con las
órdenes dadas para restablecer el orden en los penales, lo que probaría que
el ex presidente Alan García Pérez conocía de la matanza", señaló el
representante del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Julio Quintanilla Loaiza. "Se les dijo que había que cumplir
el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros que ordenaba restituir el
orden en los penales con la máxima energía que permita la ley, preservando
en lo posible la vida de los rehenes", comentó. Quintanilla Loaiza
cuestionó, también, la actitud de la abogada del ex presidente Judith de la
Matta, quien confunde a la población al afirmar que su inocencia es cosa
juzgada. "Las investigaciones de la fiscalía nunca tienen carácter de cosa
juzgada", dijo (La República, 9.12.2002).
ECONOMÍA
* El 3 de diciembre, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Donald
Evans, arribó con una delegación de 14 empresarios y altos funcionarios del
gobierno. Evans enfatizó que busca impulsar el intercambio comercial con el
Perú, porque su país quería "ser parte de este esfuerzo para llevar al Perú
al camino de una mayor prosperidad" (La mayoría de los diarios,
4.12.2002).
* La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se dirigió al presidente del Congreso
de la República, Carlos Ferrero, pidiéndole legislar para "perfeccionar y
corregir el injusto Sistema y Régimen Tributario", exponiéndole, además, sus
comentarios y sugerencias sobre el tema. Con similar propósito se ha
dirigido a los titulares del MEF y de la SUNAT. En opinión del gremio
empresarial existe un buen número de disposiciones en materia tributaria que
deben ser corregidas en armonía con la Constitución Política a fin de que no
continúen afectando el normal desenvolvimiento de los agentes productivos.
Puntualiza que las normas tributarias deben ser respetuosas de los
principios de legalidad, igualdad, respeto de los derechos de los
contribuyentes, confiscatoriedad, etc., tal como lo señala la Carta Magna.
Entre las modificaciones sustanciales que propone la CCL al Código
Tributario sugiere que los agentes de retención deben ser designados
únicamente por ley y no por decreto supremo, así como la responsabilidad
solidaria debe recaer en los representantes de la empresa, cuando
previamente se acredite que han obrado con dolo o negligencia grave y no por
simples presunciones. También propone modificar la forma de capitalización
de la deuda tributaria al 31 de diciembre de cada año que incrementa
artificialmente la deuda. Asimismo, plantea reformular las normas sobre
embargos y cobranza coactiva para evitar abusos como bloquear
arbitrariamente las cuentas y las operaciones de la empresa. Igualmente,
recomienda eliminar la facultad otorgada de notificar al comprador para que
no pague la deuda a su acreedor, sino a la SUNAT bajo responsabilidad penal
(Expreso, 4.12.2002).
* El titular de Energía y Minas confirmó que el BID aprobó el crédito de US$
5 millones para el monitoreo del proyecto del gas de Camisea, y que se
destinarán al fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la
supervisión en la ejecución de dicha obra, de acuerdo a los estándares
ambientales y sociales aprobados en los estudios de impacto ambiental (Gestión,
5.12.2002).
* El 4 de diciembre, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía, Ricardo Briceño, presentó ante la comisión de Energía y
Minas del Congreso sus observaciones a la Ley de Canon Petrolero, que viene
siendo reformulada en el marco del proceso de regionalización. Afirmó que al
hacer una evaluación de los criterios de distribución empleados, se ha
podido advertir que la actual distribución no es equitativa ni favorece
necesariamente a las localidades donde se encuentran los yacimientos en
explotación o los recursos hídricos. Frente a la propuesta del Ministro de
Energía y Minas, de establecer regalías a la actividad minera, dijo que una
iniciativa tributaria de esta naturaleza resultaría discriminatoria, por
cuanto no incluye a todos los sectores que realizan actividades productivas
a partir de recursos naturales, como son la pesca, la agricultura, la
industria maderera, entre otras (Gestión, 5.12.2002).
* El resultado económico del Sector Público Consolidado (SPC) reportó un
déficit de S/. 1,094 millones en el tercer trimestre del 2002, mayor en S/.
95 millones al registrado en el mismo período del año anterior, informó el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Como porcentaje del Producto Bruto
Interno (PBI), el déficit de este trimestre representó el 3.2%, casi
duplicando el déficit del segundo trimestre (1.7% del PBI) y muy superior al
primero (1.3%). En términos acumulados, durante los primeros nueve meses del
año se registró un déficit de 2.1% del PBI (S/. 3,060 millones), mayor en
0.7 puntos porcentuales del PBI al obtenido en el mismo período del año
anterior. Este resultado fue explicado por el incremento (de 7.9% real) en
los gastos corrientes, atenuados parcialmente por el ajuste logrado en el
gasto de capital (-12.6% real) y por el aumento de los ingresos corrientes
(2.6% real) (Expreso, 6.12.2002).
* Desde setiembre el MEF, a través de su Dirección General de Asuntos
Económicos y Sociales ha venido desarrollando un predictor de corto plazo
del nivel de actividad, utilizando la metodología de Indicadores Líderes.
Según los resultados de este predictor, dicho ministerio estima que este
indicador en octubre habría registrado un crecimiento de 5.4%. Asimismo,
estimó un crecimiento de 7% para noviembre. Con ello el crecimiento del
Indice Líder para el período enero – noviembre sería de 4.9%. Cabe indicar
que para setiembre el MEF estimó un crecimiento de 4.5%, mientras que la
cifra oficial del INEI señala que el PBI aumentó en 7.3% (Gestión,
6.12.2002).
* La pobreza en el Perú es una realidad que enfrenta el 54.8% de la
población, lo que equivale a 14 millones 604 mil habitantes. En la zona
rural este porcentaje es aún mayor, el 78.4% de los habitantes viven en
estas condiciones, mientras que en la zona urbana lo hace el 42.0% de la
población. Y en pobreza extrema vive el 24.4% de la población peruana,
incrementándose en el área rural a 51.3%. La pobreza está referida a
aquellas personas que viven en hogares cuyo gasto total se encuentra por
debajo del costo de una canasta básica de consumo, cuyo costo per cápita
mensual se encuentra entre S/. 147.39 en la selva rural y S/. 260.21 en Lima
Metropolitana. La pobreza extrema, se refiere a aquellas personas que
residen en hogares cuyo gasto total está por debajo del valor de una canasta
básica de alimentos, cuyo costo per cápita mensual varía entre S/. 95.01 en
la selva rural y S/. 138,18 en la selva urbana. En medio de este panorama,
la lucha contra la pobreza representa el eje central de la política del
gobierno. El MEF precisa que el 65.5% del total del presupuesto del sector
público para el 2002 (S/. 35,771 millones) fue destinado al gasto social. No
obstante esta cantidad, los recursos que financian directamente los bienes y
servicios que llegan a las poblaciones beneficiarias representan el 37.6%
del total del gasto público, debido principalmente a la existencia del pago
de obligaciones previsionales (16.4%) y gastos administrativos (11.5%) (Gestión,
6.12.2002).
* La ejecución de programas alimentarios ha constituido un gran campo de la
acción del gobierno, especialmente durante los últimos años. El número de
programas ejecutados y los importantes recursos financieros aplicados, son
una evidencia al respecto. Actualmente, se ejecutan más de 20 programas de
alimentación y nutrición, operados por 7 instituciones, 4 del sector público
y 3 ONGs. Los recursos financieros utilizados alcanzaron en el 2001 un monto
de US$ 264 millones, participando el sector público con un monto mayor al
90% de este gasto. Según el MEF, la falta de una planificación integral
derivó en que varios programas atendieran a un mismo grupo objetivo. Se
verifica así, a manera de ejemplo, que para atender al grupo de edad de
niños de 0 a 5 años intervienen siete programas de alimentación y nutrición.
El gobierno planteó la necesidad de efectuar la reestructuración de los
programas alimentarios y nutricionales. Así, en mayo del presente año se da
inicio a este proceso mediante la promulgación del Decreto Supremo NE
034-2002-PCM13, que fusiona bajo la administración del PRONAA un conjunto de
programas del INS. Parte de este proceso será el diseño de un Sistema de
Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales en general, y Alimentarios
en particular, a fin de hacer un seguimiento de la ejecución de los
programas y brindar información permanente a los decisores de política
social y a los responsables de los programas sociales respecto de las
acciones realizadas, los recursos utilizados, los disponibles y los
resultados obtenidos con relación a lo planificado (Gestión,
6.12.2002).
* El 6 de diciembre, la cumbre 23 del Mercosur cerró en Brasilia con un
acuerdo de complementación económica entre el bloque y los representantes de
los gobiernos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a fin de buscar un
tratado de libre comercio que podría concretarse en noviembre del 2003. El
acuerdo-marco fue logrado después de duras y largas negociaciones,
obstaculizadas hasta casi el último momento por la resistencia de Paraguay
en aceptar un ítem que permite a sus socios en el Mercosur -Argentina,
Brasil y Uruguay- negociar individualmente acuerdos con países de la CAN.
Tras ser superadas las divergencias, los gobiernos del Mercosur y de la CAN
-Bolivia, Colombia, Ecuador, el Perú y Venezuela- firmaron en Brasilia el
acuerdo-marco, saludado por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay como un "importante paso para consolidar el libre comercio en
América del Sur" (El Comercio, La República, 7.12.2002).
* Debido a que los últimos indicadores macroeconómicos muestran una
coyuntura notablemente más robusta de lo esperado, el banco de inversión
Dresdner Bank de Alemania ha corregido al alza su proyección del
crecimiento del PBI para el Perú en el 2002 y en el 2003. En efecto, su
último informe sobre América Latina muestra que la tasa de crecimiento
esperada se elevó de 3,5% a 4,2% para este año y de 2,8% a 3,2% para el
próximo. Respecto a esta última, se debe recordar que el presupuesto del
2003 proyecta un crecimiento de 4% (El Comercio, 9.12.2002).
* El sector minero mostró un buen desempeño. Las 19 empresas que cotizan en
la bolsa reportaron en los primeros nueve meses del año utilidades por
S/.902,3 millones, cifra mayor en 127% que la del mismo período del 2001.
Sin embargo, al excluir Minsur, cuya ganancia se duplicó por la venta de su
participación en la cervecera Backus, el monto sumó S/.396,4 millones, con
un incremento de 36,6%. Moderado aumento en ventas (El Comercio,
9.12.2002).
* El ministro de Comercio Exterior Raúl Diez Canseco manifestó que mientras
otros países continúen subsidiando sus productos agrícolas, Perú también
aplicará la misma política porque, de lo contrario, "sería regalar nuestro
mercado". Aun cuando los principales gremios empresariales respaldaron al
gobierno peruano por su iniciativa de reducir los aranceles en las
negociaciones del Arancel Externo Común (AEC), que llevan a cabo los países
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Diez Canseco aseveró que Perú
seguirá protegiendo los productos agrícolas. "El único tema sensible sigue
siendo para nosotros la agricultura y eso es lo que hay que trabajar con los
productores del agro. Entendemos que todo el mundo subsidia su agricultura.
Por lo tanto mientras subsista esta política en el resto del mundo, Perú no
puede (Gestión, 9.12.2002).
* La Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura
informó que la superficie sembrada de los principales cultivos se redujo en
28 mil hectáreas (-4,0%) entre agosto y octubre pasado respecto al mismo
período del año anterior: papa (-10%), maíz amiláceo (-8%), arroz (-8%) y
algodón (-13%). Destacó, sin embargo, un aumento de 17% en la de maíz
amarillo duro. En el caso de la papa, hasta octubre, el área sembrada se
había reducido en las principales regiones productoras: Junín (-25%),
Apurímac (-42%) y Pasco (-22%). Noviembre es un mes particularmente
importante, luego del cual se tendrá mayor certeza sobre una sobreproducción
o no. Respecto al arroz, el área sembrada se ha reducido en 6.700 hectáreas
en las zonas de siembra temprana -Piura y Arequipa-, pero falta determinar
lo que sucederá durante la campaña grande (diciembre-febrero) en la costa
norte y en la selva con el fenómeno de El Niño. Además, culminó la campaña
de algodón en la costa central; se registraron menores siembras en Ica
(-11%) y Lima (-24%) por la falta de recursos para afrontar los altos costos
operativos de este cultivo (El Comercio, 9.12.2002).
* El empleo aún muestra tímidas señales de reactivación, según da cuenta el
informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundido
este fin de semana. De acuerdo con el ente estadístico, el número promedio
de personas ocupadas en Lima Metropolitana aumentó en 5,8% entre setiembre y
noviembre del 2002 respecto al mismo período del año anterior, totalizando
3,65 millones, pero en 0,3% respecto al período agosto-octubre del presente
año. Al analizar los resultados del mes de noviembre pasado, dicho número
cayó en 1,8% respecto a octubre y en 0,3%. En el caso del desempleo abierto,
los resultados muestran que el número promedio de personas en esta situación
fue de 337 mil entre setiembre y noviembre pasado, menor 6,3% respecto a lo
registrado entre setiembre y noviembre del 2001 y una reducción respecto a
agosto y octubre. La tasa de desempleo (indicador que relaciona el número de
desempleados con el tamaño de la población económicamente activa) alcanzó el
mes pasado a 8,9%, ligeramente superior a los meses previos octubre (8,1%) y
setiembre (8,4%), pero menor al mismo mes del año anterior (9,2%) (La
República, Gestión, 9.12.2002).
* El director gerente para América Latina del Banco de Inversión JP Morgan,
Alfredo Thorne, desestimó la proyección del MEF de que para el 2003 el Perú
alcance un crecimiento de la economía del 4%, y calculó más bién que crecerá
sólo en 2%, debido a la falta de inversión privada, y la falta de
compromisos por parte del gobierno con la continuación de las reformas. Dijo
que si el ministro Silva Ruete está convencido de que el crecimiento será de
un 4% para el próximo año, de repente está pensando en mayores estímulos al
sector privado, mayores compromisos con las privatizaciones, y mayores
compromisos en términos de garantías para que la inversión privada se
reactive. Consideró que, a no ser que haya un compromiso de los partidos
políticos hacia una política económica mínima de disciplina monetaria y
disciplina fiscal, y continuación de las reformas, es difícil que la
inversión se reactive, y con eso se reactive el crecimiento económico, y
refirió que ese es el punto central (Gestión, 10.12.2002).
* Una delegación de autoridades electas y pobladores de Pasco, liderada por
el congresista Eduardo Carhuaricra, solicitó la semana pasada al director
ejecutivo de Pro Inversión, Luis Guiulfo, que se postergue la concesión de
la central hidroeléctrica de Yuncán, programada para diciembre, pedido que
fue aceptado. El esquema de concesión consistía en lograr la participación
de un inversionista que pudiera asumir la contrapartida a cargo del Estado y
que al mismo tiempo desembolsase un crédito que está pendiente de pago y que
hace muchos años fue otorgado por el gobierno del Japón. Según lo estimado
originalmente, la inversión del operador que hubiera tomado Yuncán habría
ascendido a US$ 250 millones. Carhuaricra, quien fue el abanderado para
paralizar la transferencia de Yuncán, sostuvo que era mejor escuchar primero
la opinión de los pobladores de Pasco, pues ellos consideran que los fondos
de la privatización no han sido bien administrados y no les ha implicado
ningún beneficio. Además solicitó la participación del gobierno regional en
la concesión de la central con el fin de que pueda contratarse mano de obra
local (El Comercio, 10.12.2002).
Bueno esta vez, para que se recuperen los buzones no extenderé esta edición
(1.4 mb), por lo que despido con el cariño de siempre y deseando que pasen
todos ustedes en compañía de sus seres queridos:
¡Una estupenda Navidad!
Cuídense
EL JAIME
